El fracaso de quien odia a sus votantes

El 29 de agosto de 2017 Lenín Moreno mantuvo una reunión con los representantes del sector financiero bancario del Ecuador, en ella les dijo a sus amigos banqueros lo siguiente: a los que estoy agarrando un poco de odio es a los que votaron (por mí). Con esta frase Moreno marcó el principio de su fin.

A ese final se sumó, este pasado día martes 1 de octubre, el fin de su gobierno y de su esquema económico. Moreno anunció la implementación de una parte del paquetazo de medidas económicas a las que se comprometió con el Fondo Monetario Internacional, cuando firmó un acuerdo que no fue conocido por la Asamblea Nacional, ni tuvo dictamen de la Corte Constitucional como ordena la Carta Magna.

El paquetazo de medidas es el mismo que recomienda, sin distinción alguna, el FMI a nuestros países: austericidio, recorte de la inversión pública, despidos de trabajadores del sector público, debilitamiento del Estado, flexibilización laboral, eliminación de subsidios pero aumento de incentivos fiscales al gran capital, privatización y más. La misma receta que siempre ha generado decrecimiento económico, aumento de desempleo, subempleo y pobreza.

Ya sea por confusión o por sesgo, las críticas, la opinión pública e incluso la protesta social se centraron en la eliminación del subsidio a los combustibles (gasolina y diésel). Claro que su importancia es indudable por la participación del componente transporte en todas las mercancías y como servicio público; sin embargo, cabe resaltar que no es la única medida ni la más perjudicial, pues en el ámbito laboral hay propuestas nefastas e inconstitucionales.

Dado que ya circulan análisis sobre el impacto negativo de las medidas, propongo una mirada hacia atrás para confirmar que el anuncio del paquetazo supone el fracaso del enfoque económico del gobierno.

Luego de pocas semanas de iniciado su mandato, Moreno presentó al país un diagnóstico catastrófico de la economía nacional y propuso, para enfrentarlo, la convocaría a una Consulta Popular para iniciar una reforma institucional. Entiendo la confusión que genera esta afirmación pero es así: ante un supuesto problema económico, Moreno presentó una medida política, que la justificó como su propósito de descorreizar el país. Este hecho revela que la situación económica presentada por el Presidente no era verdadera y que su prioridad era el ámbito político. De hecho, en ese mismo momento la política relegaba y mataba a la economía.

Mientras la desinstitucionalización del país avanzaba, apoyada por un pacto de élites pocas veces visto, el manejo de la economía fue entregado a los intereses corporativos del Ecuador.

Recién en agosto de 2017 Moreno propuso sus primeras medidas económicas, las mismas que fueron irrisorias si uno considera el diagnóstico que le presentó al país. Para enfrentar la “severa crisis” anunció la venta de un avión presidencial, reducir 10% los salarios del nivel jerárquico superior del sector público , venta de bienes y “autos de lujo” del Estado. En realidad decidieron tomar esas decisiones micro, pues la economía había recuperado la senda de crecimiento desde los últimos meses de 2016, bajo la presidencia de Rafael Correa (así lo muestra la serie del PIB-Ecuador de 2014 a 2019).

En noviembre de 2017 se entregó la primera Ley Urgente en materia Económica a la Asamblea Nacional. Esta Ley ratificaba el pacto con el sector financiero y comercial del país. Entre lo más destacado de la iniciativa aparecían incentivos fiscales al gran capital y la muerte del dinero electrónico (un eficiente mecanismo de pago) en manos del Banco Central para transferirlo a la banca privada.

El año 2018 inició con el anuncio de la Contraloría General del Estado de crear una veeduría ciudadana para auditar la legalidad de la deuda pública interna y externa adquirida durante en el gobierno del expresidente Correa. Este hecho generó gran preocupación en los mercados internacionales y el riesgo país inició una escalada galopante. Como efecto de ello, el país colocó bonos a tasas más altas que aquellas que habían criticado de la anterior administración.

Los medios de comunicación y los “famosos” especialistas nunca dijeron nada de aquello ya que estaban hipnotizados por la actuación del sacrosanto Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entidad encargada de la transitocracia y del desastre institucional.

En abril de 2018 se anunció de manera retórica un segundo grupo de medidas huecas centradas en la estabilidad y el equilibrio fiscal, la optimización del Estado, el equilibrio del sector externo, la sostenibilidad de la dolarización y la reactivación productiva. Palabras bonitas para atender los intereses represados de los sectores corporativos. Lo único efectivo de este anuncio es que en mayo de ese año se registró una ola masiva de despidos en el sector público.

También en el mes de mayo se entregó una segunda Ley Urgente en materia Económica que permitió que 1.193 millones de dólares en multas y recargos sean perdonados a grandes deudores fiscales. A esos mismos deudores se les perdonó el pago de utilidades a sus trabajadores por más de 500 millones de dólares y, sin ningún ruido mediático, se liberó el techo de endeudamiento del país hasta el 2021. Es decir, que las falsas acusaciones al gobierno anterior de haber sobrepasado el margen de deuda/PIB del 40% ya ni siquiera aplicarían para el gobierno de Moreno, pues quedaba liberado del techo legal. Siguieron contratando deuda externa a tasas que llegaron al 10,75%.

En agosto de 2018 se eliminó el subsidio a la gasolina de alto octano, decisión que provocó migración de consumo a la gasolina extra y con ello más erogación de recursos fiscales pues esta gasolina sí mantenía subsidio. A este hecho se acompañó un tercer paquete de medidas económicas retóricas, como la venta de 1.000 vehículos propiedad del Estado.

En octubre de 2018 el país conoció una práctica de cobros indebidos que habían realizado, por concepto de servicios no financieros, algunos bancos del país en beneficio de terceras empresas de seguros y otros servicios, y muchos de los cuales no tenían aprobación expresa de los clientes bancarios. El tema tuvo impacto mediático pero rápidamente fue tapado, sin que hasta ahora las autoridades económicas expliquen qué sucedió en este caso.

Entre diciembre de 2018 y enero de 2019 se informó de más medidas, como la eliminación de 25.000 vacantes en el servicio público, el alza de combustibles y la concesión (privatización) de empresas públicas de energía eléctrica y telecomunicaciones. En febrero 2019 se ordenó, con prepotencia de por medio, despedir al 10% de la nómina en empresas públicas (3979 personas perdieron su empleo) y en marzo, durante el feriado de carnaval, nuevos trabajadores fueron cesados de sus funciones: en el sector salud llegaron a 3.500 despedidos. El ministro Madero informó a la Asamblea Nacional que los despedidos llegaban a 11.820.

En marzo de 2019 se anunció, con bombos y platillos, la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por más de 4.200 millones de dólares. A ello se sumarían otros 6.000 millones con los organismos multilaterales de crédito. De esta forma se le dijo al país que esos 10.000 millones de dólares evitarían la contratación de más deuda y que no habría ningún paquetazo sobre la economía de los ecuatorianos.

Sin embargo la realidad los superó. Se despidieron a más trabajadores públicos, se contrató más deuda externa, se anunció la concesión de la Refinería de Esmeraldas y la construcción de una nueva refinería, sin considerar la inversión ya efectuada por el país para este propósito.

Todo lo reseñado y otras decisiones, omitidas por la fuerza de un resumen, fueron parte de un relato vacío, que encubrió un grave descuido y un pésimo manejo de la economía. Toda decisión adoptada se la presentó como un esfuerzo moral para evitar afectaciones sobre la ciudadanía. Pero como es costumbre en el gobierno de Moreno, ese tono compungido era muestra indudable de que se adoptaría una decisión que afecta los bolsillos de los más pobres. En su racionalidad fiscalista y su desconocimiento del país, no entienden que en Ecuador hay millones de familias que viven con 1,50 dólares al día, por lo tanto cuando un pasaje de bus sube 10 centavos por persona (promedio 4 miembros por familia), el impacto en el ingreso familiar es notorio.

Ya habrá tiempo para criticar las nuevas modalidades de contrato y las jubilaciones patronales, la reducción del 20% en la remuneración de contratos ocasionales del sector público y la pérdida de 15 días de sus vacaciones, medidas también comprometidas con el FMI.

Por ahora dejemos claro lo que pasa hoy en Ecuador. Hay una gran cantidad de zánganos (las movilizaciones se autocalificaron como la Rebelión de los Zánganos, en referencia a las críticas dichas por el Presidente Moreno) en las calles reclamando por las mentiras, por las medidas económicas y por el odio que les confesó “su” Presidente.

Pero lo que más indigna y rebela, es que policías y militares están reprimiendo a los y las manifestantes, con el mismo odio que Moreno confesó a los banqueros que sentía por quienes lo llevaron a la Presidencia de la República.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *