Sin Estado de derecho no hay justicia posible

Debido proceso y presunción de inocencia no son principios que uno busca para familiares, amigos o coidearios, sino que son garantías básicas que deben respaldar a todas las personas cuando están frente a un proceso judicial.

Sin la existencia de ellos desaparece el Estado constitucional de derechos y justicia de nuestra Constitución y en su ausencia no es posible ni una adecuada lucha contra la corrupción, ni el hallazgo de responsabilidades reales, ni a los verdaderos culpables. Sin la vigencia del Estado de derecho como principio todo se convierte en show mediático, vendetta y ajuste de cuentas. Con ello los inocentes podrían caer presos y los culpables gozar de libertad.

En estos dos años el discurso oficial ha posicionado la lucha contra la corrupcion, la búsqueda de responsabilidades y la institucionalización como sus objetivos centrales, pero en la práctica han violentado instituciones, normas constitucionales, principios jurídicos y derechos fundamentales. El resultado final es que no hay resultados, no han obrado con justicia, ni apegados a derecho y se han quedado con una retórica cansina en la que ya nadie cree.

Cómo creer que el caso contra Jorge Glas es sólido si los supuestos corruptores no fueron incorporados al proceso, si luego de dos años de estar con prisión preventiva no tiene sentencia ejecutoriada, si se han vulnerado los principios de seguridad en su detención y no se han procesado debidamente sus recursos judiciales.

Cómo dar crédito al caso Sobornos si la prueba madre es un cuaderno (así como ya sucedió en Argentina) al que se le mutiló su mecanismo de verificación, si quien lo escribió dice que lo hizó en un impulso de 35 minutos o lo que dura un vuelo Guayaquil – Quito y pese a ello redactó en tiempo presente y anotó de memoria cifras cuadradas al centavo.

Cómo dar seriedad a las acusaciones contra Rafael Correa si incluso se dijo que hizo instalar una cámara oculta para monitorear al actual gobierno desde su celular. Cómo no asumir que las acusaciones en su contra son antojadizas si en uno de los casos se alegó que ordenó directamente el secuestro de un ciudadano a un policía de rango subalterno, o si los elementos de convicción en alguno de los casos son que fue Presidente de la República o que firmaba decretos para nombrar a ministros de Estado.

Cómo podemos asumir transparencia si en el caso Julian Assange se rompió el principio del asilo y se le quitó la ciudadanía ecuatoriana que el mismo gobierno le concedió. O cómo no alarmarse si en el caso de Ola Bini su defensa advierte 65 irregularidades en el proceso.

Cómo no dudar de las acciones de control que buscan destituir a asambleístas incómodos por supuestas infracciones que las habrían cometido en años anteriores y en el desempeño de tareas administrativas.

Cómo no confirmar que hay persecución política cuando Ricardo Patiño debió salir del país por ser acusado de instigación por el mero hecho de pronunciar un discurso político frente a sus coidearios. Por todos estos ejemplos y por muchos más es que será imposible que se encuentre y se haga justicia, a lo sumo se aplica una venganza ciega y odiadora sobre los adversarios políticos y así no se construye Patria, por el contrario se revive el fantasma del permanente revanchismo político.

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